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El derecho de los ciudadanos británicos a residir en España después del “Brexit”

La libre circulación de ciudadanos y de trabajadores en la Unión Europea es uno de los principales éxitos alcanzados por la Unión a partir de su fundación.
A lo largo de los últimos años se ha desarrollado un imponente movimiento migratorio de ciudadanos de la Unión en el interior de sus fronteras que deciden abandonar – temporal o definitivamente – su país de origen para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, en búsqueda de un futuro nuevo, hecho a medida para cada uno.

Sin embargo, acontecimientos recientes ponen en peligro la libertad de movimiento proporcionada en el marco de la Unión: entre ellos los problemas acaecidos sobre el flujo migratorio de ciudadanos de terceros países hacia Europa, la considerada perdida de soberanía procedente de la participación a un proyecto europeo común y el difuso malestar expresados por muchos de los ciudadanos europeos han impulsado movimientos antieuropeístas en algunos de los Estados miembros, entre ellos, el Reino Unido.

Con el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 la mayoría de los ciudadanos británicos se han pronunciado a favor del “Leave”, manifestando su voluntad de abandonar la Unión. La salida del Reino Unido abre escenarios inexplorados en el mundo de la política y de las relaciones diplomáticas a nivel europeo: tras el referéndum se abrió un vivo debate sobre las maneras de gestionar este futuro divorcio destinado a provocar evidentes cambios tanto, con respecto a cuestiones de organización de la estructura de gobierno de la Unión, como a las relaciones jurídicas de los ciudadanos británicos y su perdida del estatuto de ciudadanos de la Unión con los derechos que esto conlleva.

España es el destino europeo al cual más británicos han decidido mudarse: según las estadísticas oficiales hay 296.000 británicos registrados como residentes, aunque el numero real se puede acercar al millón si se tiene también en cuenta la gran cantidad de personas que transcurren en períodos discontinuos en España, en muchos casos en viviendas que son de su propiedad.

A partir del referéndum se abrió un largo periodo de negociaciones entre el (nuevo) gobierno británico, la Unión Europea y, directamente, algunos de los Estados miembros: la idea fundamental es la de seguir permitiendo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos europeos y los nacionales británicos que ya hayan llegado a suelo británico y europeo respectivamente o que lleguen durante el llamado “periodo de transición”.

Según la información proporcionada directamente por el gobierno británico – a través de su página web oficial – si la fecha de salida oficial del Reino Unido será la del 29 de marzo de 2019, dicho periodo de transición se extenderá desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Según la misma información, “Hasta que el Reino Unido abandone la UE, el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho de la UE y los ciudadanos del Reino Unido mantienen su estatus legal como ciudadanos de la UE”.

A continuación, tampoco se esperan cambios revolucionarios durante el periodo de transición y por lo tanto “los ciudadanos del Reino Unido podrán visitar, vivir y trabajar en la UE en general como lo hacen ahora”.
Aunque siguen las negociaciones, el 19 de marzo de 2018 se llegó a un primer acuerdo provisional y sobre unas de sus partes a un compromiso a nivel de negociadores, así que las mismas sólo estarían sujetas a revisiones legales técnicas. Entre ellas, también el Artículo 12 y siguientes que disciplinan los derechos relacionados con la residencia y los documentos de residencia, estableciendo que todavía se aplique la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, dejando de hecho invariado el panorama normativo actual y aún garantizando tanto el derecho de residencia permanente de ciudadanos europeos en el Reino Unido, como el derecho de los ciudadanos británicos a residir en la Unión Europea.

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