NULIDAD MULTA DE TRÁFICO

El pasado 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo dictó Sentencia declarando la nulidad de una sanción impuesta en materia de tráfico, por rebasar un semáforo en rojo, puesto que la prueba de tal infracción se obtuvo mediante un dispositivo conocido como “fotorrojo”, dispositivo que debería estar sometido a control metrológico y que no lo está, a pesar de que realiza una medición.

El recurso de casación en interés de la Ley se planteó con motivo de la Sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, interpuesto frente al Ayuntamiento de Catarroja (Valencia).

Adjuntamos la Sentencia por ser de especial interés.

STS ilegalidad multas por captación

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SENTENCIA GASTOS HIPOTECA

Adjuntamos Sentencia nº 438/2017, de 6 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Valencia (sección séptima), por la que se confirma íntegramente la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Quart de Poblet, declarando nula por abusiva la cláusula referente a gastos de hipoteca soportados por el prestatario (arancel notarial, arancel registral, impuesto de actos jurídicos documentados y gastos de gestoría), condenando a la entidad bancaria a la devolución de los gastos abonados por el demandante, además de los intereses.

 

SAP gastos hipoteca

 

 

 

EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El recurso de casación, regulado en los artículos 86 a 93 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA), es un recurso de carácter extraordinario, -no todas las resoluciones son susceptibles de casación-, y sujeto a un elevado formalismo en la práctica judicial.

Contribuye a crear jurisprudencia y, por ende, complementa el Ordenamiento jurídico.

Fue introducido en el orden contencioso-administrativo por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal.

Así pues, tras la importa reforma operada por LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, -Disposición Final Tercera-, se han suprimido los dos motivos de casación consistentes en:

– Casación para la unificación de doctrina

– Casación en interés de la ley

Quedando un único motivo: INTERÉS CASACIONAL OBJETO para la formación de jurisprudencia.

Dependiendo del tipo de normas vulneradas, será competente para conocer de la casación el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad autónoma correspondiente.

Si la infracción lo es de derecho estatal o de la Unión europea, será competente para conocer del mismo la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Por el contrario, si la infracción lo es de derecho autonómico, entonces será competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Asimismo, con la citada reforma, se produce una ampliación del ámbito objetivo del recurso de casación, es decir, del número de resoluciones que se pueden recurrir en casación.

Las resoluciones que pueden ser susceptibles de casación son, en virtud del artículo 86.1 y 4 y 87.1 de la LJCA, las siguientes:

1) Sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de los Contencioso-administrativo.

2) Sentencias dictadas en única instancia y en apelación por las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia.

3) Resoluciones del Tribunal de cuentas en materia de responsabilidad contable, en los casos establecidos en su ley de funcionamiento.

4) Autos dictados por la Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia. Concretamente:

– Autos que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.

– Autos que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares.

– Autos recaídos en ejecución de sentencia.

EXCEPCIONES:

– Las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, sólo serán objeto de casación si contienen doctrina considerada gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos*.

* Extensión de efectos: Cuando ha recaído sentencia firme sobre un recurso y una persona que se encuentra en una situación jurídica análoga solicita que se extiendas sus efectos.

– Sentencias dictadas en el procedimiento especial de protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales.

– Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia, salvo que el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que tales normas hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

PROCEDIMIENTO:

El artículo 88.1 LJCA dice textualmente que “El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.”

Por otra parte, los apartado 2 y 3 del artículo 88 LJCA prevén los supuestos en que podrá apreciarse interés casacional objeto y en los que se presumirá el mismo, respectivamente.

Finalmente, el recurso se estructura en 2 fases,- preparación y formalización-:

1ª Fase: Preparación del recurso.

Se prepara ante el órgano “a quo”, esto es, el que dictó la resolución que se impugna, en el plazo de 30 días desde la notificación de la misma.

¿Quién puede interponerlo? Quienes hayan sido parte en el proceso o debieren haberlo sido.

Se deberán acreditar los requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA.

Si la Sala de Instancia considera que se reúnen los requisitos, tendrá por preparado el recurso, emplazando a las partes, por 30 días, para que se personen ante el Tribunal Supremo.

La Sección de la Sala del Tribunal Supremo encargada, volverá a hacer un análisis de cumplimiento de requisitos, decidiendo sobre su admisión o no.

2ª Fase: Formalización de recurso.

Admitido el recurso, el Tribunal Supremo concederá un plazo de 30 días para la interposición del recurso de casación.

Presentado en tiempo y forma, se dará traslado a la parte recurrida, por 30 días, para que formule oposición.

Transcurrido dicho plazo, el Tribunal Supremo acordará la celebración de una vista pública, salvo que considere que no es necesario, tras lo cual el asunto quedará concluso para votación.

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES POR CLÁUSULAS SUELO

El pasado día 21 de enero de 2017, entró en vigor el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que tiene por objeto el establecimiento de un procedimiento extrajudicial para la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por los consumidores a las entidades de crédito con motivo de la aplicación de cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria suscritos por estos con las citadas entidades de crédito.

Dicho procedimiento, previo a la vía judicial, tiene carácter voluntario para el consumidor y es gratuito, devengándose exclusivamente unos gastos notariales y registrales si las partes alcanzasen un acuerdo; gastos que se corresponderán con un documento sin cuantía -notariales- y una inscripción mínima –registrales-, cualquiera que sea la base.

Si el consumidor decide hacer uso de este mecanismo alternativo, presentada la reclamación ante la entidad de crédito, ésta deberá hacer un cálculo de la cantidad a devolver y comunicárselo al consumidor. En caso de que la entidad considere que no procede la devolución, deberá comunicar al consumidor las razones, dándose por concluido el procedimiento.

Tramitada la reclamación, las partes dispondrán de un plazo de 3 meses, contados desde la presentación de la misma, para llegar a un acuerdo y que se pongan a disposición del consumidor las cantidades objeto de devolución.

En el supuesto de que las partes no lleguen a un acuerdo, el consumidor podrá acudir a la vía judicial para hacer valer su derecho.

Costas procesales: Si el consumidor acudiese directamente a la vía judicial, sin haber acudido previamente el procedimiento extrajudicial, y la entidad de crédito se allanase antes de contestar a la demanda, no habrá condena en costas.

Si, por el contrato, se allanase parcialmente, consignando la cantidad a cuyo abono se compromete, sólo se le impondrán las costas a ésta si la sentencia prevé la devolución de una cantidad mayor a la consignada.

Asimismo, si el consumidor acudiese a la vía judicial tras el intento extrajudicial, al no haber llegado un acuerdo con la entidad de crédito por rechazar el cálculo de la cantidad a devolver o declinar la devolución de la cantidad, sólo se le impondrán las costas a la entidad si se dicta sentencia más favorable que la oferta recibida.

Adjuntamos el Real Decreto-Ley para su lectura:

rdl-acuerdo-extrajudicial-clausulas-suelo

LA NUEVA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El pasado 1.10.2016, entró en vigor la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sustituye a la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya principal novedad se refiere a la Modernización de la Administración Pública Española y en la forma de relacionarse con los administrados.

Así, por ejemplo, se regula la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra, por lo que, con carácter general, sólo será necesaria la primera y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado.

Los sistemas de firma admitidos son los siguientes:

– Los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica.

– Los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico.

– Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Respecto al Título II, relativo a la actividad de las Administraciones Públicas, se ha dividido estructuralmente en dos capítulos. El capítulo I sobre normas generales de actuación que enumera los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Asimismo, el Capítulo establece la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado.

En cuanto a PLAZOS se refiere, como principal novedad destaca la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando así el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

Por otra parte, la Ley introduce como novedad en materia de notificaciones electrónicas, su preferencia respecto a otras formas de notificación, realizándose a través de la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. Así pues, al objeto de que los interesados sepan si han recibido alguna notificación, se crea un sistema de envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del denominado “Punto de Acceso General Electrónico”.

Finalmente, como novedad interesante la Ley suprime las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha.

Para mayor información, adjuntamos a pie de página la nueva Ley en formato pdf.:

boe-ley-39-2015

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE CLÁUSULAS SUELO

En fecha 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó sentencia cuyo objeto era la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La petición se formuló a raíz de una serie de litigios planteados ante los Tribunales españoles por particulares frente a entidades de crédito con las que suscribieron préstamos hipotecarios, en lo relativo a la restitución de cantidades abonadas sobre la base de cláusulas contractuales cuyo contenido fue declarado abusivo por los Tribunales españoles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la jurisprudencia española vulnera el art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, puesto que el Tribunal Supremo venía entendiendo que las cantidades pagadas indebidamente con motivo de la suscripción de los citados préstamos hipotecarios, debían ser devueltas desde la Sentencia dictada por éste en fecha 9 de mayo de 2013, considerando el TJUE, sin embargo, que las mismas deben ser devueltas desde el momento de suscripción del contrato de préstamo.

A continuación transcribimos el fallo de la Sentencia:

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.”

Enlace para ver la Sentencia: steu-clausulas-suelo

Ley de la Comunitat Valenciana 5/2011, de 1 de abril

En fecha 16 de noviembre de 2016, nuestro Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Ley de la Comunitat Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, comúnmente conocida como Ley de Custodia compartida.

Según el artículo 5.2 de la Ley Valenciana, la regla general era la custodia compartida, por lo que la consecuencia directa de la declaración de inconstitucionalidad de dicha ley es que a partir de la entrada en vigor de la misma, la custodia compartida deja de aplicarse como regla general.

 

A continuación transcribimos el Fallo de la Sentencia:

 

“FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 22

Ha decidido

Estimar el presente recurso y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley de la Comunitat Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no convive, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 5.”

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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Difundamos el mensaje de Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

“Por fin en el mundo se reconoce cada vez más que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía podemos y debemos hacer mucho más para que esta toma de conciencia se traduzca en unas medidas de prevención y de respuesta significativas.

La violencia contra las mujeres y las niñas sale muy cara a las familias, las comunidades y las economías. Si una mujer no puede trabajar a causa de la violencia, puede peligrar su situación laboral, lo que socavará su autonomía y menguará su capacidad de obtener los ingresos que necesita y de poner fin a una relación abusiva. La violencia contra las mujeres también trae consigo una disminución de los niveles de productividad en las empresas y agota los recursos de los servicios sociales, del sistema de justicia y de los organismos de salud. La violencia doméstica y la violencia infligida por la pareja siguen siendo un problema generalizado y la impunidad por esos delitos agrava la situación. Todo ello desemboca en un sufrimiento enorme y en la exclusión de las mujeres, al verse privadas de la posibilidad de participar de manera plena y legítima en la sociedad.

El mundo no se puede permitir pagar ese precio. Las mujeres y las niñas tampoco pueden permitírselo y no deberían tener que hacerlo. Sin embargo, este tipo de violencia se observa todos los días alrededor del mundo y las iniciativas dirigidas a hacerle frente, si bien cuentan con un decidido compromiso político, sufren un déficit crónico de financiación.

Desde 2008 estoy al frente de la campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo es pedir que se adopten medidas a escala mundial para que se destinen más recursos a luchar contra el problema y para que se busquen soluciones. Exhorto a los Gobiernos a que muestren su compromiso incrementando de forma considerable el gasto nacional en todos los ámbitos pertinentes, por ejemplo, prestando apoyo a los movimientos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil. Aliento también a los dirigentes mundiales a que colaboren con ONU-Mujeres y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Pedimos también al sector privado, las instituciones filantrópicas y los ciudadanos interesados que asuman la responsabilidad que les corresponde.

Hoy el mundo se iluminará de naranja como símbolo de un futuro prometedor para las mujeres y las niñas. Si invertimos específicamente en este ámbito, podremos mantener esa luz siempre encendida, defender los derechos humanos y eliminar para siempre la violencia contra las mujeres y las niñas”.

CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN

En aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo los requisitos para solicitar el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión son los siguientes:

– Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza.

– Acreditar una de las siguientes condiciones:

1) Ser trabajador por cuenta ajena en España

2) Ser trabajador por cuenta propia

3) Disponer el solicitante de recursos económicos suficientes para sí y su familia y tener contratado un seguro médico de enfermedad que proporcione cobertura en España.

4) Ser estudiante y estar matriculado en un Centro público o privado en España y contar con un seguro médico de enfermedad que proporcione cobertura en España, así como acreditar recursos económicos suficientes.

5) Ser nacional de un Estado miembro, familiar que acompaña o se reúne con un Ciudadano de la Unión que cumple con alguna de las condiciones anteriores.- En los demás supuestos, el cónyuge o pareja de hecho inscrita, sus descendientes directos y los de su cónyuge o pareja menores de 21 años o incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, y sus ascendientes directos o los de su cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

– Impreso de solicitud, modelo EX1

– Original y fotocopia completa del pasaporte en vigor

– Dependiendo del supuesto:

* Trabajador por cuenta ajena:

– Contrato de trabajo

– Alta o asimilado en la Seguridad Social

* Trabajador por cuenta propia:

– Inscripción en el Censo de Actividades Económicas

– Inscripción en el Registro Mercantil

– Alta en la Seguridad Social

* Si no ejerce actividad laboral en España:

– Tener contratado un seguro médico

– Acreditar recursos económicos suficientes para el solicitante y su familia

* Estudiante:

– Matricula del Centro

– Seguro médico de enfermedad

– Acreditar medios económicos suficientes

* Familiar de Ciudadano de la Unión:

– Documentación acreditativa del vínculo familiar

– Documentación acreditativa de dependencia económica

– Documentación referente al familiar que da derecho:

  • Si es trabajador por cuenta ajena o propia, acreditar dicho extremo con la documentación arriba relacionada para este supuesto.
  • Si no ejerce actividad laboral, acreditar medios económicos y tener contratado un seguro de enfermedad.
  • Si es estudiante, acreditar recursos económicos y seguro de enfermedad.

ARRAIGO SOCIAL

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31.3º de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los ciudadanos que se encuentren en situación irregular en España, tienen la posibilidad de acogerse a esta disposición, que prevé el supuesto de residencia temporal por situación de arraigo social.

Los REQUISITOS necesarios para solicitar una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se regulan por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en su artículo 124.2 y establece los siguientes:

 1) No ser ciudadano de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza, ni familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen comunitario.

2) Carecer de antecedentes penales en España y en los países en los que se haya residido durante los 5 años inmediatamente anteriores a la entrada en España.

3) Acreditar la residencia continuada en España durante los 3 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

4) Tener vínculos familiares o bien presentar un informe, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio resida el interesado, que acredite la integración social.

5) Contar con un contrato de trabajo, firmado por trabajador y empleador, de duración no inferior a 1 año.

Si consideras que cumples con estos requisitos, infórmate con nosotros, para regularizar tu situación en España .