EL RECURSO DE CASACIÓN EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El recurso de casación, regulado en los artículos 86 a 93 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA), es un recurso de carácter extraordinario, -no todas las resoluciones son susceptibles de casación-, y sujeto a un elevado formalismo en la práctica judicial.

Contribuye a crear jurisprudencia y, por ende, complementa el Ordenamiento jurídico.

Fue introducido en el orden contencioso-administrativo por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal.

Así pues, tras la importa reforma operada por LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, -Disposición Final Tercera-, se han suprimido los dos motivos de casación consistentes en:

– Casación para la unificación de doctrina

– Casación en interés de la ley

Quedando un único motivo: INTERÉS CASACIONAL OBJETO para la formación de jurisprudencia.

Dependiendo del tipo de normas vulneradas, será competente para conocer de la casación el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad autónoma correspondiente.

Si la infracción lo es de derecho estatal o de la Unión europea, será competente para conocer del mismo la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Por el contrario, si la infracción lo es de derecho autonómico, entonces será competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

Asimismo, con la citada reforma, se produce una ampliación del ámbito objetivo del recurso de casación, es decir, del número de resoluciones que se pueden recurrir en casación.

Las resoluciones que pueden ser susceptibles de casación son, en virtud del artículo 86.1 y 4 y 87.1 de la LJCA, las siguientes:

1) Sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de los Contencioso-administrativo.

2) Sentencias dictadas en única instancia y en apelación por las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia.

3) Resoluciones del Tribunal de cuentas en materia de responsabilidad contable, en los casos establecidos en su ley de funcionamiento.

4) Autos dictados por la Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia. Concretamente:

– Autos que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.

– Autos que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares.

– Autos recaídos en ejecución de sentencia.

EXCEPCIONES:

– Las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, sólo serán objeto de casación si contienen doctrina considerada gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos*.

* Extensión de efectos: Cuando ha recaído sentencia firme sobre un recurso y una persona que se encuentra en una situación jurídica análoga solicita que se extiendas sus efectos.

– Sentencias dictadas en el procedimiento especial de protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales.

– Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia, salvo que el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que tales normas hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

PROCEDIMIENTO:

El artículo 88.1 LJCA dice textualmente que “El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.”

Por otra parte, los apartado 2 y 3 del artículo 88 LJCA prevén los supuestos en que podrá apreciarse interés casacional objeto y en los que se presumirá el mismo, respectivamente.

Finalmente, el recurso se estructura en 2 fases,- preparación y formalización-:

1ª Fase: Preparación del recurso.

Se prepara ante el órgano “a quo”, esto es, el que dictó la resolución que se impugna, en el plazo de 30 días desde la notificación de la misma.

¿Quién puede interponerlo? Quienes hayan sido parte en el proceso o debieren haberlo sido.

Se deberán acreditar los requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA.

Si la Sala de Instancia considera que se reúnen los requisitos, tendrá por preparado el recurso, emplazando a las partes, por 30 días, para que se personen ante el Tribunal Supremo.

La Sección de la Sala del Tribunal Supremo encargada, volverá a hacer un análisis de cumplimiento de requisitos, decidiendo sobre su admisión o no.

2ª Fase: Formalización de recurso.

Admitido el recurso, el Tribunal Supremo concederá un plazo de 30 días para la interposición del recurso de casación.

Presentado en tiempo y forma, se dará traslado a la parte recurrida, por 30 días, para que formule oposición.

Transcurrido dicho plazo, el Tribunal Supremo acordará la celebración de una vista pública, salvo que considere que no es necesario, tras lo cual el asunto quedará concluso para votación.

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES POR CLÁUSULAS SUELO

El pasado día 21 de enero de 2017, entró en vigor el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que tiene por objeto el establecimiento de un procedimiento extrajudicial para la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por los consumidores a las entidades de crédito con motivo de la aplicación de cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria suscritos por estos con las citadas entidades de crédito.

Dicho procedimiento, previo a la vía judicial, tiene carácter voluntario para el consumidor y es gratuito, devengándose exclusivamente unos gastos notariales y registrales si las partes alcanzasen un acuerdo; gastos que se corresponderán con un documento sin cuantía -notariales- y una inscripción mínima –registrales-, cualquiera que sea la base.

Si el consumidor decide hacer uso de este mecanismo alternativo, presentada la reclamación ante la entidad de crédito, ésta deberá hacer un cálculo de la cantidad a devolver y comunicárselo al consumidor. En caso de que la entidad considere que no procede la devolución, deberá comunicar al consumidor las razones, dándose por concluido el procedimiento.

Tramitada la reclamación, las partes dispondrán de un plazo de 3 meses, contados desde la presentación de la misma, para llegar a un acuerdo y que se pongan a disposición del consumidor las cantidades objeto de devolución.

En el supuesto de que las partes no lleguen a un acuerdo, el consumidor podrá acudir a la vía judicial para hacer valer su derecho.

Costas procesales: Si el consumidor acudiese directamente a la vía judicial, sin haber acudido previamente el procedimiento extrajudicial, y la entidad de crédito se allanase antes de contestar a la demanda, no habrá condena en costas.

Si, por el contrato, se allanase parcialmente, consignando la cantidad a cuyo abono se compromete, sólo se le impondrán las costas a ésta si la sentencia prevé la devolución de una cantidad mayor a la consignada.

Asimismo, si el consumidor acudiese a la vía judicial tras el intento extrajudicial, al no haber llegado un acuerdo con la entidad de crédito por rechazar el cálculo de la cantidad a devolver o declinar la devolución de la cantidad, sólo se le impondrán las costas a la entidad si se dicta sentencia más favorable que la oferta recibida.

Adjuntamos el Real Decreto-Ley para su lectura:

rdl-acuerdo-extrajudicial-clausulas-suelo

LA NUEVA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El pasado 1.10.2016, entró en vigor la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sustituye a la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya principal novedad se refiere a la Modernización de la Administración Pública Española y en la forma de relacionarse con los administrados.

Así, por ejemplo, se regula la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra, por lo que, con carácter general, sólo será necesaria la primera y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado.

Los sistemas de firma admitidos son los siguientes:

– Los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica.

– Los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico.

– Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Respecto al Título II, relativo a la actividad de las Administraciones Públicas, se ha dividido estructuralmente en dos capítulos. El capítulo I sobre normas generales de actuación que enumera los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Asimismo, el Capítulo establece la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado.

En cuanto a PLAZOS se refiere, como principal novedad destaca la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando así el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

Por otra parte, la Ley introduce como novedad en materia de notificaciones electrónicas, su preferencia respecto a otras formas de notificación, realizándose a través de la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. Así pues, al objeto de que los interesados sepan si han recibido alguna notificación, se crea un sistema de envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones a través del denominado “Punto de Acceso General Electrónico”.

Finalmente, como novedad interesante la Ley suprime las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha.

Para mayor información, adjuntamos a pie de página la nueva Ley en formato pdf.:

boe-ley-39-2015

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE CLÁUSULAS SUELO

En fecha 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó sentencia cuyo objeto era la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La petición se formuló a raíz de una serie de litigios planteados ante los Tribunales españoles por particulares frente a entidades de crédito con las que suscribieron préstamos hipotecarios, en lo relativo a la restitución de cantidades abonadas sobre la base de cláusulas contractuales cuyo contenido fue declarado abusivo por los Tribunales españoles.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la jurisprudencia española vulnera el art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, puesto que el Tribunal Supremo venía entendiendo que las cantidades pagadas indebidamente con motivo de la suscripción de los citados préstamos hipotecarios, debían ser devueltas desde la Sentencia dictada por éste en fecha 9 de mayo de 2013, considerando el TJUE, sin embargo, que las mismas deben ser devueltas desde el momento de suscripción del contrato de préstamo.

A continuación transcribimos el fallo de la Sentencia:

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.”

Enlace para ver la Sentencia: steu-clausulas-suelo

Ley de la Comunitat Valenciana 5/2011, de 1 de abril

En fecha 16 de noviembre de 2016, nuestro Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Ley de la Comunitat Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, comúnmente conocida como Ley de Custodia compartida.

Según el artículo 5.2 de la Ley Valenciana, la regla general era la custodia compartida, por lo que la consecuencia directa de la declaración de inconstitucionalidad de dicha ley es que a partir de la entrada en vigor de la misma, la custodia compartida deja de aplicarse como regla general.

 

A continuación transcribimos el Fallo de la Sentencia:

 

“FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 22

Ha decidido

Estimar el presente recurso y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley de la Comunitat Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no convive, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 5.”

stc-inconstitucionalidad-ley-valenciana-custodia-compartida

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Difundamos el mensaje de Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

“Por fin en el mundo se reconoce cada vez más que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía podemos y debemos hacer mucho más para que esta toma de conciencia se traduzca en unas medidas de prevención y de respuesta significativas.

La violencia contra las mujeres y las niñas sale muy cara a las familias, las comunidades y las economías. Si una mujer no puede trabajar a causa de la violencia, puede peligrar su situación laboral, lo que socavará su autonomía y menguará su capacidad de obtener los ingresos que necesita y de poner fin a una relación abusiva. La violencia contra las mujeres también trae consigo una disminución de los niveles de productividad en las empresas y agota los recursos de los servicios sociales, del sistema de justicia y de los organismos de salud. La violencia doméstica y la violencia infligida por la pareja siguen siendo un problema generalizado y la impunidad por esos delitos agrava la situación. Todo ello desemboca en un sufrimiento enorme y en la exclusión de las mujeres, al verse privadas de la posibilidad de participar de manera plena y legítima en la sociedad.

El mundo no se puede permitir pagar ese precio. Las mujeres y las niñas tampoco pueden permitírselo y no deberían tener que hacerlo. Sin embargo, este tipo de violencia se observa todos los días alrededor del mundo y las iniciativas dirigidas a hacerle frente, si bien cuentan con un decidido compromiso político, sufren un déficit crónico de financiación.

Desde 2008 estoy al frente de la campaña ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo es pedir que se adopten medidas a escala mundial para que se destinen más recursos a luchar contra el problema y para que se busquen soluciones. Exhorto a los Gobiernos a que muestren su compromiso incrementando de forma considerable el gasto nacional en todos los ámbitos pertinentes, por ejemplo, prestando apoyo a los movimientos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil. Aliento también a los dirigentes mundiales a que colaboren con ONU-Mujeres y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Pedimos también al sector privado, las instituciones filantrópicas y los ciudadanos interesados que asuman la responsabilidad que les corresponde.

Hoy el mundo se iluminará de naranja como símbolo de un futuro prometedor para las mujeres y las niñas. Si invertimos específicamente en este ámbito, podremos mantener esa luz siempre encendida, defender los derechos humanos y eliminar para siempre la violencia contra las mujeres y las niñas”.

CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN

En aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo los requisitos para solicitar el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión son los siguientes:

– Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza.

– Acreditar una de las siguientes condiciones:

1) Ser trabajador por cuenta ajena en España

2) Ser trabajador por cuenta propia

3) Disponer el solicitante de recursos económicos suficientes para sí y su familia y tener contratado un seguro médico de enfermedad que proporcione cobertura en España.

4) Ser estudiante y estar matriculado en un Centro público o privado en España y contar con un seguro médico de enfermedad que proporcione cobertura en España, así como acreditar recursos económicos suficientes.

5) Ser nacional de un Estado miembro, familiar que acompaña o se reúne con un Ciudadano de la Unión que cumple con alguna de las condiciones anteriores.- En los demás supuestos, el cónyuge o pareja de hecho inscrita, sus descendientes directos y los de su cónyuge o pareja menores de 21 años o incapaces o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, y sus ascendientes directos o los de su cónyuge o de la pareja registrada que vivan a su cargo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

– Impreso de solicitud, modelo EX1

– Original y fotocopia completa del pasaporte en vigor

– Dependiendo del supuesto:

* Trabajador por cuenta ajena:

– Contrato de trabajo

– Alta o asimilado en la Seguridad Social

* Trabajador por cuenta propia:

– Inscripción en el Censo de Actividades Económicas

– Inscripción en el Registro Mercantil

– Alta en la Seguridad Social

* Si no ejerce actividad laboral en España:

– Tener contratado un seguro médico

– Acreditar recursos económicos suficientes para el solicitante y su familia

* Estudiante:

– Matricula del Centro

– Seguro médico de enfermedad

– Acreditar medios económicos suficientes

* Familiar de Ciudadano de la Unión:

– Documentación acreditativa del vínculo familiar

– Documentación acreditativa de dependencia económica

– Documentación referente al familiar que da derecho:

  • Si es trabajador por cuenta ajena o propia, acreditar dicho extremo con la documentación arriba relacionada para este supuesto.
  • Si no ejerce actividad laboral, acreditar medios económicos y tener contratado un seguro de enfermedad.
  • Si es estudiante, acreditar recursos económicos y seguro de enfermedad.

ARRAIGO SOCIAL

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31.3º de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los ciudadanos que se encuentren en situación irregular en España, tienen la posibilidad de acogerse a esta disposición, que prevé el supuesto de residencia temporal por situación de arraigo social.

Los REQUISITOS necesarios para solicitar una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se regulan por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en su artículo 124.2 y establece los siguientes:

 1) No ser ciudadano de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza, ni familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen comunitario.

2) Carecer de antecedentes penales en España y en los países en los que se haya residido durante los 5 años inmediatamente anteriores a la entrada en España.

3) Acreditar la residencia continuada en España durante los 3 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

4) Tener vínculos familiares o bien presentar un informe, emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio resida el interesado, que acredite la integración social.

5) Contar con un contrato de trabajo, firmado por trabajador y empleador, de duración no inferior a 1 año.

Si consideras que cumples con estos requisitos, infórmate con nosotros, para regularizar tu situación en España .

REAGRUPACIÓN FAMILIAR-MEDIOS ECONÓMICOS

A continuación adjuntamos una importante Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con los medios económicos que debe acreditar el familiar que da derecho a la reagrupación familiar.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 21 de abril de 2016 (*)

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/86/CE — Artículo 7, apartado 1, letra c) — Reagrupación familiar — Requisitos exigidos para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar — Recursos fijos y regulares suficientes — Normativa nacional que permite una valoración prospectiva de la probabilidad de que el reagrupante mantenga sus recursos — Compatibilidad»

Sentencia

1        La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12).

2        Esta petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre el Sr. Khachab y la Subdelegación del Gobierno en Álava (en lo sucesivo, «Subdelegación del Gobierno») en relación con la denegación al Sr. Khachab de su solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar a favor de su cónyuge.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        Los considerandos 2, 4 y 6 de la Directiva 2003/86 tienen la siguiente redacción:

«(2)      Las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse de conformidad con la obligación de proteger la familia y respetar la vida familiar que se consagra en numerosos instrumentos del Derecho internacional. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950] y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [en lo sucesivo, “Carta ”].

[…]

(4)      La reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia. Contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los nacionales de terceros países en el Estado miembro, lo que permite, por otra parte, promover la cohesión económica y social, objetivo fundamental de la Comunidad [Europea], tal como se declara en el Tratado [CE].

[…]

(6)      Con el fin de garantizar la protección de la familia, así como el mantenimiento o la creación de la vida familiar, es importante fijar, según criterios comunes, las condiciones materiales para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar.»

4        Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 2003/86, «el objetivo de la presente Directiva es fijar las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros».

5        El artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva establece:

«La presente Directiva se aplicará cuando el reagrupante sea titular de un permiso de residencia expedido por un Estado miembro por un período de validez superior o igual a un año, y tenga una perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia permanente, si los miembros de su familia son nacionales de terceros países, independientemente de su estatuto jurídico.»

6        Conforme al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/86, los Estados miembros autorizarán la entrada y la residencia, en particular del cónyuge del reagrupante, de conformidad con la citada Directiva y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el capítulo IV y en el artículo 16 de ésta.

7        Dentro del capítulo IV de la Directiva 2003/86, que lleva como epígrafe «Condiciones para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar», el artículo 7, apartado 1, de ésta establece:

«Al presentarse la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate podrá requerir al solicitante que aporte la prueba de que el reagrupante dispone de:

  1. a)      una vivienda considerada normal para una familia de tamaño comparable en la misma región y que cumpla las normas generales de seguridad y salubridad vigentes en el Estado miembro de que se trate;
  2. b)      un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente asegurados para los propios nacionales en el Estado miembro de que se trate, para sí mismo y los miembros de su familia;
  3. c)      recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función de su naturaleza y de su regularidad y podrán tener en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimos, así como el número de miembros de la familia.»

8        El artículo 15, apartado 1, de la citada Directiva dispone:

«A más tardar a los cinco años de residencia, y siempre que al miembro de la familia no se le haya concedido un permiso de residencia por motivos distintos de la reagrupación familiar, los cónyuges o parejas no casadas y los hijos que hubieren alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho, previa solicitud, en su caso, a un permiso de residencia autónomo, independiente del permiso del reagrupante.

[…]»

9        El artículo 16, apartado 1, letra a), de la misma Directiva tiene el siguiente tenor:

«Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación familiar o, en su caso, retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, en los casos siguientes:

  1. a)      cuando no se cumplan o hayan dejado de cumplirse las condiciones establecidas en la presente Directiva.»

10      Con arreglo al artículo 17 de la mencionada Directiva:

«Al denegar una solicitud, al retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, así como al dictar una decisión de devolver al reagrupante o un miembro de su familia, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares de la persona y la duración de su residencia en el Estado miembro, así como la existencia de lazos familiares, culturales o sociales con su país de origen.»

 Derecho español

11      La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE n.º 10, de 12 de enero de 2000), en la versión aplicable al procedimiento principal, establece en su artículo 16, apartados 1 y 2:

«1.      Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.

  1. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17.»

12      El artículo 17, apartado 1, letra a), de esta Ley orgánica dispone:

«El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguiente familiares:

  1. a)      El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. […]»

13      Bajo el título «Requisitos para la reagrupación familiar», el artículo 18 de la Ley orgánica 4/2000 dispone, en su apartado 2:

«El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.

En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupación, no computarán aquellos provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendrán en cuenta otros ingresos aportados por el cónyuge que resida en España y conviva con el reagrupante.

[…]»

14      Mediante el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, se aprobó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, en su versión modificada por la Ley Orgánica 2/2009 (BOE n.º 103, de 30 de abril de 2011). El artículo 54 de este Reglamento, titulado «Medios económicos a acreditar por un extranjero para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación a favor de sus familiares», dispone:

«1.      El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus familiares deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha autorización la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, en la cuantía que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización, se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera, según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:

  1. a)      En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que represente mensualmente el 150 % del [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)].

[…]

  1. Las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.

[…]»

 Litigio principal y cuestión prejudicial

15      El Sr. Khachab, nacional de un tercer país y residente en España, es titular de una autorización de residencia de larga duración en dicho Estado miembro. El 20 de febrero de 2012 solicitó a las autoridades españolas una autorización de residencia temporal por reagrupación familiar a favor de su cónyuge, la Sra. Aghadar. Mediante resolución de 26 de marzo de 2012, la Subdelegación del Gobierno denegó la solicitud del Sr. Khachab indicando que éste no había acreditado disponer de recursos económicos suficientes para atender a las necesidades de la familia una vez reagrupada.

16      A raíz de lo anterior, el Sr. Khachab interpuso recurso de reposición, en vía administrativa, contra dicha resolución ante la Subdelegación del Gobierno, recurso que fue desestimado por ésta, mediante resolución de 25 de mayo de 2012, por los siguientes motivos:

«[El Sr.] Khachab solicitó […] la reagrupación familiar de su esposa […] para lo que presentaba un contrato de trabajo de duración determinada con la empresa “Construcciones y distribuciones constru-label, S.L.”. Sin embargo, consultado el Sistema de Información Laboral de la Seguridad Social, resulta que el interesado causó baja en la citada empresa el 1.3.2012, habiendo trabajado un total de 15 días en el presente año y 48 durante todo el año 2011. De lo anterior se desprende que en el momento de la resolución el interesado no realizaba ninguna actividad laboral, situación en la que sigue actualmente, ni acreditaba disponer de medios económicos suficientes para cubrir las necesidades de la familia una vez reagrupada, ni existía una perspectiva de contar con dichos medios durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación, requisitos exigidos para la concesión de la autorización de residencia por reagrupación familiar interesada.»

17      A continuación, el Sr. Khachab interpuso recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Vitoria-Gasteiz. Mediante sentencia de 29 de enero de 2013, dicho órgano jurisdiccional confirmó la mencionada resolución basándose esencialmente en los motivos ya indicados en la resolución de 26 de marzo de 2012.

18      Posteriormente, el Sr. Khachab interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En apoyo de su recurso, el Sr. Khachab alega que el órgano jurisdiccional de primera instancia no tuvo en cuenta un hecho nuevo al que había hecho referencia durante el procedimiento, a saber, que desde el 26 de noviembre de 2012 trabaja para una empresa de recogida de cítricos y dispone por tanto de un trabajo que le genera ingresos suficientes. Añade que es titular de una autorización de residencia de larga duración y que está casado con la Sra. Aghadar desde 2009. Afirma, además, que dispone de un alojamiento adecuado y que tiene acreditados más de cinco años de cotización en España. Por último, considera que debe tomarse en consideración la actual coyuntura económica, en la que es extremadamente difícil disfrutar de una situación continuada y efectiva de estabilidad laboral.

19      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86, según el cual el derecho a la reagrupación familiar está supeditado a que, al presentarse la solicitud de reagrupación familiar, «el reagrupante [disponga] de recursos fijos y regulares suficientes». Se pregunta, en particular, sobre la compatibilidad con dicha disposición de la normativa española, que permite a las autoridades nacionales denegar la reagrupación familiar, y de este modo la expedición de una autorización de residencia temporal a un miembro de la familia del reagrupante, cuando, habida cuenta de la evolución de los ingresos de éste durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación familiar, es probable que no pueda mantener, durante el año siguiente a esa fecha, el mismo nivel de recursos de que disponía en dicha fecha.

20      Según el órgano jurisdiccional remitente, la versión en lengua española y las versiones inglesa y francesa del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 emplean el verbo «disponer» en presente de indicativo y no en futuro. Por este motivo, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, a efectos de obtener la reagrupación familiar, el reagrupante debe disponer de «recursos fijos y regulares suficientes» en la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación o si puede tomarse en consideración el hecho de que dispondrá de tales recursos durante el año siguiente a dicha fecha.

21      En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«El artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva [2003/86], ¿debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la considerada en el pleito principal, que permite denegar la reagrupación familiar por carecer el reagrupante de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia con fundamento en una valoración prospectiva que se efectúa por las autoridades nacionales acerca de la perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud y sobre la base de la evolución de los mismos en los seis meses previos a dicho momento?»

 Sobre la cuestión prejudicial

22      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que permite a las autoridades competentes de un Estado miembro fundamentar la denegación de una solicitud de reagrupación familiar en una valoración prospectiva de la probabilidad de mantenimiento o no de los recursos fijos y regulares suficientes de los que debe disponer el reagrupante para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social de ese Estado miembro, durante el año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, valoración que se basa en la evolución de los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a dicha fecha.

23      Conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2003/86, los Estados miembros autorizarán la entrada y la residencia, en particular del cónyuge del reagrupante a efectos de la reagrupación familiar, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el capítulo IV, titulado «Condiciones para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar», de dicha Directiva.

24      Entre los requisitos establecidos en ese capítulo IV, el artículo 7, apartado 1, letra c), de la citada Directiva permite a los Estados miembros exigir la prueba de que el reagrupante dispone de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate. Esta misma disposición precisa que los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función de su naturaleza y de su regularidad y podrán tener en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimos nacionales, así como el número de miembros de la familia.

25      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, dado que la autorización de reagrupación familiar es la regla general, la facultad prevista en el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse de manera estricta. El margen de apreciación reconocido a los Estados miembros no puede utilizarse, por tanto, de modo que menoscabe el objetivo de la Directiva, ni su efecto útil (sentencia de 6 de diciembre de 2012, O y otros, C‑356/11 y C‑357/11, EU:C:2012:776, apartado 74 y jurisprudencia citada).

26      A este respecto, del cuarto considerando de la Directiva 2003/86 resulta que ésta tiene por objetivo general facilitar la integración de los nacionales de terceros países en los Estados miembros, permitiéndoles llevar una vida familiar gracias a la reagrupación familiar (véase la sentencia de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo, C‑540/03, EU:C:2006:429, apartado 69).

27      Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 no puede aplicarse de forma que se vulneren los derechos fundamentales establecidos, en particular, en el artículo 7 de la Carta (véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, O y otros, C‑356/11 y C‑357/11, EU:C:2012:776, apartado 77).

28      Si bien el artículo 7 de la Carta no puede interpretarse en el sentido de privar a los Estados miembros del margen de apreciación de que disponen a la hora de examinar las solicitudes de reagrupación familiar, las normas de la Directiva 2003/86 deben interpretarse y aplicarse durante dicho examen, en especial, a la luz del mencionado artículo 7 de la Carta, como se deduce por lo demás de la redacción del considerando 2 de la citada Directiva, que impone a los Estados miembros la obligación de examinar las solicitudes de reagrupación de modo favorable a la vida familiar (véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, O y otros, C‑356/11 y C‑357/11, EU:C:2012:776, apartados 79 y 80).

29      A la vista de los anteriores criterios, debe determinarse, en primer lugar, si el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que permite a la autoridad competente del Estado miembro valorar si el reagrupante seguirá cumpliendo el requisito relativo a los recursos fijos y regulares suficientes más allá de la fecha de presentación de dicha solicitud.

30      Aunque la citada disposición no prevea expresamente esta facultad, de su propio tenor resulta, concretamente del empleo de los términos «fijos» y «regulares», que esos recursos económicos deben presentar cierta permanencia y continuidad. A este respecto, con arreglo al tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), segunda frase, de la Directiva 2003/86, los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función, en especial, de su «regularidad», lo que exige un examen periódico de su evolución.

31      En consecuencia, no puede interpretarse que el tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 se opone a que la autoridad competente del Estado miembro a la que se solicita la reagrupación familiar pueda examinar si se cumple el requisito relativo a los recursos del reagrupante teniendo en cuenta una evaluación acerca del mantenimiento de esos recursos más allá de la fecha de presentación de dicha solicitud.

32      Esta interpretación no es contraria al hecho, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, de que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/86 utilice el presente de indicativo cuando prevé que el Estado miembro de que se trate podrá requerir al solicitante de la reagrupación familiar que aporte la prueba de que el reagrupante «dispone» de los elementos enumerados en dicho apartado 1, letras a) a c). En efecto, el reagrupante debe acreditar que dispone de todos esos elementos, en particular de «recursos suficientes», en el momento en el que se examine la solicitud de reagrupación familiar, lo que justifica el uso del presente de indicativo. No obstante, puesto que del tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 se deriva que los recursos del reagrupante deben ser, no sólo «suficientes», sino también «fijos y regulares», estas exigencias imponen un examen prospectivo de dichos recursos por parte de la autoridad nacional competente.

33      Esta interpretación se ve corroborada por el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2003/86. En efecto, debe señalarse que los requisitos relativos a la posesión de una «vivienda considerada normal» y de un «seguro de enfermedad», establecidos, respectivamente, en las letras a) y b) de la citada disposición, deben interpretarse asimismo en el sentido de que atribuyen a los Estados miembros, a los efectos de garantizar una estabilidad y una permanencia del reagrupante en su territorio, la facultad de fundamentar su decisión sobre la solicitud de reagrupación familiar en la probabilidad de que el reagrupante siga cumpliendo esos requisitos más allá de la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación familiar.

34      La interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 expuesta en el apartado 31 de la presente sentencia también encuentra apoyo en los artículos 3, apartado 1, y 16, apartado 1, letra a), de dicha Directiva.

35      En efecto, por una parte, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/86 restringe el ámbito de aplicación personal de ésta al reagrupante que haya obtenido un permiso de residencia de un año por lo menos y que tenga una perspectiva fundada de obtener un permiso de residencia permanente. Pues bien, la evaluación de la existencia de tal perspectiva exige necesariamente que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate realice un examen de la evolución futura de la situación del reagrupante en relación con la obtención de dicho permiso de residencia.

36      En estas circunstancias, como ha señalado el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, una interpretación del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 que no permitiese a dicha autoridad realizar una evaluación del mantenimiento de los recursos fijos y regulares suficientes del reagrupante más allá de la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación no sería coherente con el sistema previsto en dicha Directiva.

37      Por otra parte, debe señalarse que, cuando dejan de cumplirse los requisitos establecidos por la Directiva 2003/86, el artículo 16, apartado 1, letra a), de ésta permite a los Estados miembros retirar el permiso de residencia de un miembro de la familia o denegar su renovación.

38      Conforme a dicha disposición, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate podrá, en particular, retirar la autorización de reagrupación familiar cuando el reagrupante ya no disponga de recursos fijos y regulares suficientes, en el sentido del citado artículo 7, apartado 1, letra c). Tal posibilidad de retirar esa autorización implica que la mencionada autoridad puede exigir que el reagrupante disponga de esos recursos más allá de la fecha de presentación de su solicitud.

39      Finalmente, procede destacar que esta interpretación se ve confirmada por el objetivo del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/86. En efecto, la prueba del requisito relativo a los recursos, prevista en la letra c) del mencionado apartado 1, permite a la autoridad competente cerciorarse de que, una vez realizada la reagrupación familiar, tanto el reagrupante como los miembros de su familia no puedan convertirse durante su residencia en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate (véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2010, Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, apartado 46).

40      En consecuencia, el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 exige necesariamente que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate valore de modo prospectivo el mantenimiento de los recursos fijos y regulares suficientes del reagrupante más allá de la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación familiar.

41      Habida cuenta de esta conclusión, procede, en segundo lugar, dilucidar si dicha disposición permite a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate supeditar la autorización de reagrupación familiar a la probabilidad de mantenimiento de esos recursos durante el año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación familiar, tomando en consideración los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a dicha fecha.

42      A este respecto, debe señalarse que, conforme al principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, los medios utilizados por la normativa nacional de transposición del artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 deben ser adecuados para lograr los objetivos previstos por esa normativa y no deben ir más allá de lo necesario para alcanzarlos (véase, por lo que se refiere al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/86, la sentencia de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartado 51).

43      Finalmente, debe recordarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 17 de la Directiva 2003/86 exige que se realice un examen individualizado de las solicitudes de reagrupación familiar (sentencias de 4 de marzo de 2010, Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, apartado 48, y de 9 de julio de 2015, K y A, C‑153/14, EU:C:2015:453, apartado 60), y que las autoridades nacionales competentes, al aplicar la Directiva 2003/86 y al examinar las solicitudes de reagrupación familiar, deben proceder a una apreciación equilibrada y razonable de todos los intereses en juego (véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, O y otros, C‑356/11 y C‑357/11, EU:C:2012:776, apartado 81).

44      En el presente asunto, el artículo 54, apartado 2, párrafo primero, del Real Decreto 557/2011 establece que las autorizaciones de reagrupación familiar no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. Esta disposición indica que la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante dicho año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los ingresos que el reagrupante haya obtenido durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de dicha solicitud.

45      A este respecto, procede señalar que el período de un año, durante el cual debe ser probable que el reagrupante disponga de recursos suficientes, tiene un carácter razonable y no va más allá de lo necesario para poder evaluar, de modo individual, el riesgo potencial de que el reagrupante se vea obligado a recurrir al sistema de asistencia social de dicho Estado después de que se haya producido la reagrupación familiar. En efecto, ese período de un año corresponde al período de validez del permiso de residencia que debe poseer, por lo menos, el reagrupante, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/86, para poder solicitar la reagrupación familiar. Además, según el artículo 16, apartado 1, letra a), de esta Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate tienen la facultad de retirar el permiso de residencia del miembro de la familia del reagrupante cuando dicho reagrupante deje de disponer de recursos fijos y regulares suficientes durante el período de residencia de ese miembro de la familia y hasta que este último obtenga un permiso de residencia autónomo, a saber, conforme al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2003/86, a más tardar tras cinco años de residencia en dicho Estado miembro.

46      Por lo que se refiere a la aplicación de la obligación de proporcionalidad a nivel nacional, también debe observarse el hecho de que la autoridad nacional competente, según el tenor del artículo 54, apartado 2, párrafo primero, del Real Decreto 557/2011, sólo podrá denegar la autorización de residencia a efectos de la reagrupación familiar si se determina «indubitadamente» que el reagrupante no podrá mantener los recursos suficientes durante el año siguiente a la fecha de presentación de su solicitud. Por tanto, esta disposición sólo exige al reagrupante, para poder obtener dicho permiso de residencia a efectos de la reagrupación familiar, que sea previsible que pueda mantener sus recursos.

47      Por lo que se refiere a la fijación en seis meses del período anterior a la presentación de la solicitud que sirve de base para la valoración prospectiva de los recursos del reagrupante, debe indicarse que la Directiva 2003/86 no establece ninguna precisión sobre esta cuestión. En todo caso, ese período no puede vulnerar el objetivo de esta Directiva.

48      En consecuencia, de todo lo anterior se deduce que el artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que permite a las autoridades competentes de un Estado miembro fundamentar la denegación de una solicitud de reagrupación familiar en una valoración prospectiva de la probabilidad de mantenimiento o no de los recursos fijos y regulares suficientes de los que debe disponer el reagrupante para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social de ese Estado miembro, durante el año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, valoración que se basa en la evolución de los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a dicha fecha.

 Costas

49      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, debe interpretarse en el sentido de que permite a las autoridades competentes de un Estado miembro fundamentar la denegación de una solicitud de reagrupación familiar en una valoración prospectiva de la probabilidad de mantenimiento o no de los recursos fijos y regulares suficientes de los que debe disponer el reagrupante para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social de ese Estado miembro, durante el año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, valoración que se basa en la evolución de los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a dicha fecha.

Firmas

 

 

CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES

Una vez cumplida la condena –y satisfechas las responsabilidades civiles-, en virtud del artículo 136 CP, comienza a computarse el plazo para la cancelación de antecedentes delictivos:

  • 6 meses para las penas leves
  • 2 años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes
  • 3 años para el resto de penas menos graves inferiores a tres años
  • 5 años para las restantes menos graves iguales o superiores a tres años
  • 10 años para las penas graves

En función de la naturaleza y duración de la pena impuesta por el Juzgador –leve, menos grave o grave-, previstas en el artículo 33 de nuestro Código Penal (en adelante CP), el plazo para la cancelación de los antecedentes delictivos varía.

Para poder empezar a contar el plazo para la cancelación de los antecedentes penales, debemos partir del momento en que la responsabilidad penal se ha extinguido.

Acudiendo al artículo 130 CP, la responsabilidad criminal se extingue, entre otros, por el cumplimiento de la condena.

El cómputo de dichos plazos se interrumpirá con la comisión de nuevos delitos. Lo que supondrá que hasta que no se extingan las responsabilidades penales por esos delitos, no empezará a contar otra vez, desde el principio, el plazo para cancelar los anteriores.

Transcurridos los citados plazos, para poder solicitar la cancelación de sus antecedentes penales, se debe solicitar al Juzgado un certificado en el que conste el delito, número de atestado en virtud del cual se incoó el procedimiento y fecha de extinción de la responsabilidad penal, así como el testimonio de la sentencia.

Con el certificado y un modelo oficial de solicitud, así como con el documento de identidad original y/o compulsado, se presenta la solicitud de cancelación de antecedentes penales en el Registro General del Ministerio de Justicia, en cualquiera de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia o en cualquier Registro público de los establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

Cancelados los antecedentes penales, si el procedimiento penal se inició en virtud de atestado policial o de la Guardia Civil, también tramitamos la cancelación de antecedentes policiales ante el órgano que incoó diligencias (Policía o Guardia Civil).

¡MUY IMPORTANTE!  

En caso de haber sido denunciado/a ante la policía o Guardia Civil y a consecuencia de ello se tramitó un procedimiento penal, del cual se dictó un auto de sobreseimiento provisional o definitivo, es necesario cancelar esa denuncia ante la Policía o Guardia Civil.

ANTECEDENTES EN MENORES DE EDAD

El supuesto de un menor de edad que haya delinquido, varía con respecto al de un adulto, pues, en el caso de los menores de edad, estos carecen de antecedentes penales, aun existiendo sentencia condenatoria; quedando registrada la sentencia firme en un registro especial al que solamente tienen acceso el Juez y Ministerio Fiscal.

Así pues, para la cancelación de antecedentes policiales de un menor de edad, también será necesario solicitar un certificado al Juzgado y una vez expedido, el menor, junto con su representante legal, deberá presentar la solicitud de cancelación en modelo oficial ante el órgano que incoó diligencias, aportando el certificado del Juzgado, junto con el testimonio de sentencia y original y copia de su documento de identidad y el del representante legal.